El asesor subraya que «esta información será mucho mayor que la que se pide de un banco», ya que en el sistema bancario tradicional solo se reportan saldos superiores a 250.000 euros (EUR), mientras que en activos digitales «no se va a escapar ni un cambio de dos euros por una criptomoneda».

Así, Bravo envió a los usuarios un mensaje rotundo: «Desde el 1 de enero de 2026, si tienes criptoactivos o euros en un exchange situado en España, podrán embargarlos de forma directa, sin necesidad de procedimientos complejos previos».

Y es que Hacienda podrá ordenar al proveedor bloquear o liquidar los activos necesarios para saldar deudas tributarias, extendiendo esta facultad también a exchanges europeos una vez activado el intercambio automático de datos.

Por esta razón, el consultor tributario advierte sobre la importancia de la privacidad y el uso soberano de bitcoin (BTC) fuera de plataformas centralizadas. Insiste en que ciertas prácticas anónimas son perfectamente legales,s siempre que no constituyan una actividad económica habitual.

«Tú puedes comprar [bitcoin] peer-to-peer (P2P) igual que puedes comprar a un particular cualquier tipo de bien (…). No es un delito ni se está realizando una actividad económica sino se realiza de forma habitual (…). Yo puedo comprar a un particular un teléfono, un ordenador o un pan…», expresó el especialista.

A estos usuarios les recomendó utilizar herramientas de privacidad, como los mix (mezcladores) de activos virtuales. Estos son herramientas diseñadas para aumentar la privacidad de las transacciones en redes como Bitcoin. Funcionan agrupando fondos de múltiples usuarios en un pool común, mezclándolos y redistribuyéndolos a direcciones diferentes.

«Una compra [de bitcoin en P2P] una vez a la semana, una vez al mes, cuando tengo dinero, no es ningún delito. Igual que llevarlo a un mix no es un delito. Si luego lo vendo otra vez vía peer-to-peer, no estoy cometiendo ninguna falta cara a Hacienda, ni me van a decir nada», sentenció Mateu.

Sin embargo, agregó: «Si lo estoy haciendo todos los días [el peer-to-peer], esto es una actividad económica o podría ser una actividad económica (…). Ahí hay huecos».

Prepararse para 2026

En este año que se perfila como relevante para el sector en España, es fundamental no confundir los alcances de MiCA y DAC8. El consultor de riesgos y regulación Cero Uno aclara este matiz y advierte sobre lo que considera será el «festín» que Hacienda está por darse.

La DAC8, que comienza a regir el 1 de enero de 2026, es la octava actualización de la Directiva de la Unión Europea sobre Cooperación Administrativa (DAC). Esta obliga a los proveedores de servicios de criptoactivos a reportar a las autoridades fiscales las transacciones de los usuarios residentes en la UE.

Las plataformas deberán presentar los informes de los movimientos de 2026 tras finalizar el año, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2027. Su objetivo es endurecer el marco legal sobre el intercambio automático de información (AEOI) para combatir el fraude fiscal y combatir la evasión.

Cero Uno ilustra esto con ejemplos claros. Afirma que si se custodian criptomonedas en una entidad con residencia fiscal en España, como Binance Spain S.L., el proveedor debe informar directamente a Hacienda mediante los Modelos 172 (saldos al 31 de diciembre) y 173 (operaciones realizadas durante el año). Ambos son declaraciones informativas obligatorias.